Tatiana Martínez Guerrero1

Introducción
Es importante señalar que la regulación del derecho de petición en Colombia, está contenida en la Ley 1755 de 2015 que desarrolla el artículo 23 de la Constitución Política.

En dicha ley, se especifica tanto quienes tienen el derecho a hacer uso de éste derecho constitucional como también, se fijan los requisitos de objeto, modalidades, términos, presentación, radicación de peticiones, desistimiento, entre otros.

Para efectos de desarrollar el presente ABCES, se ha dispuesto de una serie de preguntas que son consideradas relevantes para que la comunidad en general y en especial, la de la Universidad CES, pueda conocer los puntos básicos del derecho de petición en Colombia, entre otros: quienes son los sujetos que pueden hacer uso del mismo, que requisitos son necesarios para interponerlo, que sanciones están consagradas en la normatividad colombiana cuando no se cumplen los requisitos de respuesta al derecho de petición, que requisitos especiales se tienen en virtud de ciertas peticiones, cuál es el tiempo del que se dispone para la contestación del derecho de petición, entre otras cuestiones fundamentales.

¿Quiénes pueden hacer uso del derecho de petición en Colombia?
Según la Constitución Política en su artículo 23:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución.

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

En el mismo sentido, el Código Contencioso Administrativo en su artículo 13, señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

En este sentido, es importante entonces aclarar que el derecho de petición no requiere de abogado y tampoco se necesita que el sujeto que lo presenta, acredite la mayoría de edad.

¿Qué requisitos son necesarios para realizar un derecho de petición?
Los requisitos exigidos para la presentación de derechos de petición, están consagrados en el artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, que establece que no se requiere hacer una solicitud escrita en el derecho de petición. El derecho de petición puede presentarse de manera verbal o escrita, en la presentación verbal debe dejarse constancia de la presentación del mismo en el lugar en donde se realiza la petición.

Así mismo, la misma norma establece que en el caso de que la petición sea presentada para la comunicación y transferencia de datos, distinta al a presentación personal, para presentar derechos de petición, se tendrán como fecha y hora de radicación los que sean realizados por medio electrónico

¿Qué pasa si no se cumple con los requisitos?
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

¿Existen algunas peticiones con requisitos especiales?
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario.

¿Qué contenido debe tener un derecho de petición?
De acuerdo con el artículo 16, de la Ley 1755 de 2015, los derechos de petición deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en las que fundamenta su petición.

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.

También existen unos derechos de petición que son de atención prioritaria. En este sentido, la autoridad o las autoridades deben atender las peticiones de manera urgente para efectos de evitar que un derecho fundamental sufra un grave perjuicio. En este sentido, la Ley 1755 de 2015, se refiere a un “perjuicio inminente” de los derechos a la vida y la integridad personales.

El peticionario deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.

¿Cuáles son las actuaciones que deben ser realizadas por las autoridades en respuesta del derecho de petición?
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

¿Tiene algún costo realizar los derechos de petición?
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse, tal y como ha sido indicado anteriormente, sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor.

¿Cuál es el tiempo que se tiene para la respuesta a un derecho de petición?
La respuesta a los derechos de petición, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, debe hacerse en los quince (15) días hábiles posteriores a su recepción, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria al funcionario que incumpla dicho término.

¿Existen excepciones frente al término de respuesta de los derechos de petición?
La respuesta es sí.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, las siguientes peticiones cuentan con términos de respuesta diferentes:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

¿Qué pronunciamientos especiales ha dado la Corte Constitucional en relación con el derecho de petición?
En diferentes sentencias, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con el derecho de petición.

Algunas de las sentencias relevantes en donde el alto tribunal constitucional se ha referido a esta materia, son las siguientes: La sentencia T 395 de 1998, la sentencia T 439 de 1998 y la T 149 de 2013.

En dichas sentencias la Corte realiza una definición del derecho de petición, como “aquel que permite la resolución de peticiones respetuosas que permiten una respuesta oportuna y completa sobre el particular” (Corte Constitucional, sentencia T 395 de 1998); señala que la respuesta de la administración debe realizarse en un término razonable, y en este sentido no puede dilatarse la misma (Corte Constitucional, sentencia T 395 de 1998).

También, en esta misma sentencia, el tribunal constitucional nos da información acerca de cómo podría ser la respuesta y resalta que:

el derecho de petición no impone a las autoridades una obligación de resolver positiva o negativamente las inquietudes del solicitante, ya que el contenido del pronunciamiento de la administración se sujetará a cada caso en particular. Permitiendo así que como ciudadanos podamos tener algo esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución.

La sentencia T 439 de 1998, resuelve dudas acerca de quién o quiénes son los responsables de resolver los derechos de petición que no son contestados y que ocasionan la interposición de las acciones de tutela.

En dicha sentencia de la Corte Constitucional, la corporación define el núcleo esencial del derecho de petición como una solicitud de información que requiere de una respuesta tanto oportuna como de fondo, no cualquier tipo de respuesta. En este sentido, los derechos de petición, señala la misma corporación, no pueden ser contestados a través de “fórmulas jurídicas”, dice la Corte o de la utilización de minutas preestablecidas, porque quien los contesta de esta manera está incumplimiento una obligación constitucional.

Finalmente, en la sentencia T 149 de 2013, la Corte Constitucional, explica los efectos del derecho de petición y los alcances del mismo. En este sentido, señala que la falta de respuesta a dicha acción constitucional, genera la violación de un derecho fundamental y, en consecuencia, hace procedente la acción de tutela.

En la sentencia T 149 de 2013, la propia corporación señala que de acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política:

toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional.

Referencias
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1755 de 2015. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152. (junio de 2018)

República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html. (junio de 2018)

República de Colombia. Congreso de la República. Artículo 5 del Código Contencioso Administrativo. “Por medio del cual se reforma la Ley 58 de 1993.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo.html. (junio de 2018)

República de Colombia. Corte Constitucional. T- 395 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-395-98.htm. (junio de 2018)

República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T- 439 de 1998. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-439-98.htm. (junio de 2018)

República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T 149 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-149-13.htm. (junio de 2018)

* Estudiante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: martineztatiana389@gmail.com

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