Isabel Cristina Arroyave Londoño1

La estabilidad laboral reforzada es una figura dentro del ordenamiento colombiano que tiene origen y desarrollo en la Constitución Política de 1991, en la ley y en la jurisprudencia.

En el artículo 53 de nuestra Carta Política se encuentra plasmado este derecho y principio denominado estabilidad en el empleo, como un parámetro mínimo que el legislador decidió establecer para las relaciones laborales. Adicionalmente el artículo13 de la normatividad constitucional establece que todas las personas son iguales ante la ley y asimismo que no deben ser objeto de discriminación alguna, por tanto, el Estado a través de medidas reales y efectivas debe propender y buscar la especial protección de grupos marginados como aquellos que por sus condiciones físicas, psíquicas o económicas son más vulnerables; es decir los sujetos que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.

Dicho sea de paso, este es un concepto que ha sido interpretado ampliamente por la Corte Constitucional y ha sido utilizado de forma distinta por la Corte Suprema de Justiciacausando así un choque de trenes respecto al tema.

El fundamento internacional para estas disposiciones proviene del artículo3 numeral 3º de la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidaden el cual los Estados se obligan a crear, adoptar o mantener medidas legislativas, sociales, educativas o laborales para eliminar progresivamente la discriminación y lograr la integración de la población con discapacidad tanto a la esfera pública como a la privada.

Aunado a este último propósito, el artículo 27 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 3 insta a los estados parte a reconocer el derecho de las personas en situación de discapacidad de trabajar en iguales condiciones a las demás, y a que las medidas realizadas por el Estado sean tanto inclusivas como accesibles.

¿Quiénes son beneficiarios de esta figura?
En la sentencia T-188 del 2017 la corporación constitucional reitera su jurisprudencia disponiendo como destinatarios a las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores sindicalizados y cualquier persona que se encuentre disminuida en su salud, tanto física como psíquica y que dé en general como resultado una posición de debilidad manifiesta, sin requerir previamente una calificación de Pérdida de Capacidad Laboral en cualquiera de sus modalidades.4

Adicionalmente por fuera de la mencionada sentencia se amparan casos particulares como el de las personas próximas a pensionarsey a la pareja de madre gestante o lactante no trabajadora. (Corte Constitucional, Sentencias C 005 de 2017 y C 357 de 2016).

¿Cuáles son los requisitos?

  • Que la condición de salud del trabajador afecte sustancialmente el desempeño de las labores que ejercía antes con regularidad y que lo ubique por tanto en una situación de debilidad manifiesta.
  • Que la situación de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador antes del despido.
  • No debe haber una justificación razonable para la desvinculación.

¿Qué derechos tiene el trabajador como consecuencia de un despido que no cumple con los requisitos legales?
Es importante primero aclarar que la estabilidad laboral reforzada no es obstáculo para iniciar alguna investigación disciplinaria como consecuencia de alguna supuesta violación al reglamento interno de trabajo; más bien permite que surja una presunción legal de violación a los derechos fundamentales del accionante que el empleador debe desvirtuar en el caso de haber despedido a un trabajador en situación de debilidad manifiesta sin haber solicitado primero el aval de la Oficina del Trabajo. Las consecuencias que se darán en el supuesto de que el juez reconozca tal violación son las siguientes:

  • La declaración de la ineficacia del despido y consiguientemente el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir durante el periodo no laborado a razón del despido.
  • Se concede el derecho al reintegro en el cargo en condiciones similares hasta antes de la desvinculación, así como su capacitación en el nuevo cargo, si aplica.
  • Se reconocerá una indemnización de 180 días de salario sin perjuicio de otras reclamaciones que hubiere a lugar según el Código Sustantivo del Trabajo.

¿A qué tipo de contratos aplica esta figura?
El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, tal como lo ha interpretado la Corporación Constitucional, no establece que la condición de solicitar autorización a la Oficina del trabajo ante el despido de un trabajador de especial protección constitucional opere solo para los contratos laborales con vínculos de dependencia o subordinación; por tanto, se entiende que aplica el concepto de estabilidad laboral reforzada también para los contratos de prestación de servicios independientes y los contratos de duración específica, como los de trabajo obra/labor.

Asimismo, en los contratos de duración definida como el de termino fijo, sigue existiendo la obligación de acudir a la Oficina del Trabajo aun cumpliendo con el preaviso correspondiente, esto debido a la expectativa con la que cuenta el trabajador de continuar en el empleo y para evitar que los empleadores usen como excusa el cumplimiento del termino pactado para la desvinculación de personas en situación de vulnerabilidad habiendo necesidad dentro de la empresa de continuar con el objeto social y el cargo respectivo para el desarrollo de aquel. (Corte Constitucional, Sentencia T 216 de 2009)

Referencias
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 762 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797. (septiembre de 2017)

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral. Radicado ° 39207 de octubre de 2008. Magistrado Ponente: Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Versión digital disponible en: https://www.notinet.com.co/pedidos/39207-12.doc. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 762 del 31 de julio de 2002. “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 3973 de 2005. “Por medio del cual se promulga la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.” Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19122. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-188 del 2017. Magistrada ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-188-17.htm- (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 005 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/c-005-17.htm. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 357 de 2016. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-357-16.htm. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1346 de 2009. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad” Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 2017. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU049-17.htm. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 361 de 1997. “Por medio de la cuál se se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 216 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-216-09.htm. (diciembre de 2017).

*Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: mishika-k@hotmail.com. El ABCES fue asesorado por las Doctoras Carolina Montoya Londoño y Clara María Mira González.

1. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha basado en el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 que reglamenta el artículo 5 de la ley 361 de 1997 para fijar los grados de discapacidad o limitación que cobijarán al trabajador bajo la figura de estabilidad laboral reforzada, así:

Grado de severidad de la limitación. En los términos del artículo 5º de la Ley 361 de 1997, las entidades promotoras de salud y administradoras del régimen subsidiado, deberán clasificar el grado de severidad de la limitación, así: Limitación moderada, aquella en la cual la persona tenga entre el 15% y el 25% de pérdida de la capacidad laboral; limitación severa aquella que sea mayor al 25% pero inferior al 50% de pérdida de la capacidad laboral y limitación profunda, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o mayor al 50%.

2. Ver Ley 762 del 31 de julio de 2002; perfeccionada por el gobierno mediante Decreto 3973 de 2005.

3. Al respecto, puede consultarse la Ley 1346 de 2009.

4. En la sentencia SU-049 de 2017, la Corte Constitucional unificó su posición respecto a la interpretación amplia del concepto de beneficiarios que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

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