Juan Manuel Correa Muñoz1

“Yo creo que nada sucede por casualidad ¿Sabes qué? En el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos”

La sombra del viento – Carlos Ruiz Zafón

El juramento estimatorio, es presentado desde el año 2012 con el código general del proceso, como una panacea del derecho procesal, pues desde antaño se había empezado a ver una verdadera afectación a las partes dentro del proceso respecto de las peticiones que se hacían, donde estas eran inverosímiles en la realidad. Es por ello que se presentaron diversas sanciones a aquellas pretensiones exorbitantes y exageradas.

Esta figura se ha convertido en un leviatán, pues dentro de una mirada constitucional iría en contra de los estamentos de la buena fe y desde una mirada más práctica, su utilización contradice el espíritu o la intención de la norma.

¿Qué es el juramento estimatorio?
Es un medio de prueba contemplado en nuestro sistema procesal, concretamente en la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), el cual obliga a las partes de un proceso jurisdiccional a que, en toda reclamación por concepto de perjuicios, mejoras, compensaciones y frutos, procedan a “jurar” que sus peticiones son realmente ajustadas a la realidad, no extralimitándose en las mismas.

En pocas palabras, es un juramento que se hace dentro del proceso que asegura que las personas no pidan más de lo que ralamente tienen derecho, so pena de una sanción.

¿Qué sanción se interpone o se realiza para las personas que no realizan el juramento estimatorio?
La sanción se presenta cuando hay una diferencia entre lo “jurado” y lo que se logra probar efectivamente en el proceso, puesto que, si lo primero excede más del 50%, o sea si jure 100 pesos y solo logro probar 49 pesos, se impondrá multa equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada, o sea el 10% de los 51 pesos excedidos; y en caso de falta de prueba de los perjuicios pretendidos, el 5% del valor jurado el cual fue negado.

Frente a las sanciones previstas en el juramento estimatorio la Corte ha dicho que estas tienen finalidades legítimas. Dichos objetivos versan sobre el deber de preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Ha dicho además que estas están fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia, que puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia.

¿Es el juramento estimatorio una figura nueva del sistema procesal?
Su existencia, se da desde el antiguo Código Judicial, donde era completamente restrictivo, pero solo hasta 2010 es realmente aplicable, ya que había una exorbitante cantidad de casos donde lo que se pedía era exagerado, sin ninguna proporcionalidad y sin ninguna limitación sobre las mismas.

¿Qué pretende el ordenamiento jurídico en Colombia con la regulación del juramento estimatorio?
Se está buscando la economía procesal, pues es evidente el desgaste que se puede presentar en un proceso, donde se pidan sumas desproporcionales que, al no poderlas probar, recaía todo el peso sobre el juez al momento de tomar una decisión; que puede llegar a ser una incongruencia procesal al conceder fallos Ultra, Supra, Infra o Extra Petita, o sea aquellos que no se ajustan a las pretensiones ya sea porque las exceden, las disminuyen o concede cosas destinas a las pedidas.

Es claro que la norma persigue un objetivo noble, el de evitar que los procesos se conviertan en una especie de apuesta sin control, con miras a probar suerte, de manera irresponsable e impune la (Corte Constitucional, Sentencia C 157 de 2013) consideran que sancionar la conducta temeraria de pretender la reparación de unos perjuicios inexistentes, o la conducta desidiosa y negligente de no demostrar su existencia, dice corte que no implica exceso, desproporción o lesión alguna, dicha sanción.1

¿Qué problemas jurídicos pueden derivarse del juramento estimatorio?
Aunque anteriormente vimos las buenas intenciones que se derivan de esta figura, podemos visualizar que va en contra del principio de buena fe del artículo 83 de la carta magna, pues si analizamos el artículo 206 del (Código General del Proceso, 2012) específicamente en el acápite donde muestra los montos para poder generar la sanción “… Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia…” podemos observar que está arraigado a un examen plenamente objetivo, sin considerar la buena o mala fe de las partes, en consecuencia, en el artículo 206, presume que toda tasación desacertada, cuando supere el monto que estipula la norma, es con intensiones dolosas y malintencionadas.

¿Cómo puede afectar el actuar de los abogados el espíritu o la intención de la norma?
“la transformación de la guerra en delito y la conversión de la propiedad y el contrato en institutos de derecho, depende, lógicamente, de un mandato, y el mandato supone un jefe que lo pronuncia” ¿Como nace el derecho?, Carnelutti. Pero más importante aún es la aceptación del colectivo, del asociado, de la mejor forma posible y no tratando de hacer caer al otro como se está reflejando en la praxis, hoy en día, la figura se ha tornado en un problema, pues más allá de unas pretensiones ajustadas a la realidad, los abogados se han dedicado a objetar y ralentizar el proceso; el abogado debe estar dotado de conocimiento para buscar el orden y garantizar el derecho, no para buscarle la trampa al mismo.

Referencias
República de Colombia. Ley 1564 de 2012. “Por medio de la cuál se expide el Código General del Proceso.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html. (diciembre de 2017)

D. Corchuelo Uribe; M. A.; León Gil et al., « Effective Opposition: An Analysis based on the Procedure for the Order for Payment under General Procedural Law”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 30, enero-junio de 2016, 339-369. Versión digital disponible en: http://dx.doi.org/10.18601/01234366.n30.11. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Corte Constitucional.. Sentencia 037 de 1998. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-037-98.htm. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C157 de 2013. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-157-13.htm (diciembre de 2017)

*Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho y Administración de empresas de la Universidad CES. Correo electrónico: juan.ma.correa.m@gmail.com.
El ABCES que se presenta a continuación fue revisado por los docentes Sebastián Figueroa Arias y Clara María Mira González.

1. El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, establece lo siguiente: Las actuaciones de los particulares y de las autoridad es públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Cerrar menú