Laura Isabel Molano Muñoz1

Forma de citación
Molano, Laura Isabel. Ley 361 de 1997: Indemnización y reintegro en el proceso laboral. En: ABCES Jurídico. Vol. 2, No. 2. 2019. p. 23-26.

El desconocimiento de la norma puede llevar a cometer ciertos errores, entre esos dejarse llevar por conocidas reglas generales y no acumular las pretensiones debidamente. En Colombia en materia laboral cada día son más las normas que surgen, muchas de estas son olvidadas y no llegan a estudiarse, a pesar de su vital importancia, entre esas normas se puede encontrar la Ley 361 de 1997, la cual establece mecanismos de protección para las personas con discapacidad.

Entre los mecanismos de protección establecidos en la Ley 361 de 1997, se encuentra el artículo 26, el cual establece una indemnización por despido a personas con discapacidad. Esta indemnización como ya en previas ocasiones lo ha establecido Corte Suprema de Justicia, no es incompatible con el reintegro, convirtiéndose esta en la única excepción en la cual un trabajador puede solicitar el reintegro y la indemnización de manera concomitante.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 361 de 1997?
La ley 361 de 1997 tiene su fundamento en la protección de las personas con discapacidad, fue creada con el fin de eliminar la discriminación y asegurar la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones; está protección la ley la expande a distintos ámbitos de sus vidas, tales como en la educación, en el área laboral, salud, de igual forma facilitar su diario vivir, procurando que se realicen cambios a nivel social, económico, cultural e incluso arquitectónico que aseguren la mayor accesibilidad de las personas con limitación en todos los espacios y actividades que implican el día a día.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para estar amparado por esta ley?
Para ser amparado por esta ley, las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tal en un carné que será brindado por Entidad Promotora de Salud (independiente de su régimen). En dicho carné deberá especificarse la limitación la cual deberá ser moderada.

La Resolución No. 583 de 2018 regula la expedición de estos carné o certificados de discapacidad, si bien la misma aún no ha entrado en vigencia, la Resolución 246 de 2019 establece que mientras la resolución antes mencionada entra en vigencia las EPS deberán expedir la certificación de discapacidad bajo los parámetros establecidos y estos tendrán total validez.

Respecto del grado de la limitación, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en lo siguiente:

Se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad labora, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%;” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 25130 de 2006).

De tal forma que para estar protegido por esta ley se requiere un mínimo de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral del 15%.

¿Cuáles son las protecciones laborales amparadas en esta ley?
Se busca la integración laboral, por medio de la promoción para la creación y fomento de trabajos para personas con limitaciones, tanto en el área privada como pública.

Entre estas medidas de promoción, hay beneficios para los empleadores de personas con limitaciones, beneficios en procesos de licitaciones, otorgamiento de créditos y fijación de aranceles.

Sin embargo el tema de mayor controversia que regula está ley lo contiene el artículo 26 en su inciso 3, que busca eliminar la discriminación en el ámbito laboral, el cual establece como medida de protección:

Quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. (Congreso de la República, Ley 361 de 1997).

Quedando así la duda, de si este inciso deja abierta la posibilidad para el trabajador despedido de pedir el reintegro de manera concomitante a la indemnización contenida en este artículo.

¿Qué dice la jurisprudencia respecto de la indemnización establecida en el artículo 26 de esta ley?
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, estableciendo la presunción legal de que el solo despido de un trabajador con alguna limitación supone un acto de discriminación que da lugar a la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

De igual forma la Corte Constitucional en la sentencia T- 427 de 1992, ha establecido que en estos casos se invierte la carga probatoria por el estado de vulnerabilidad del trabajador y deberá ser el empleador quien demuestre que la limitación del trabajador no ha sido la causa del despido.

¿Esta ley permite el reintegro y la indemnización del artículo 26 como pretensiones concomitantes?
Esta ley es la única que permite en Colombia la posibilidad de acumulación de las pretensiones de reintegro y de indemnización como principales en la misma demanda, ya que como la ha establecido la Corte Constitucional en la Sentencia C- 531 del 2000, al momento de entrar a analizar esta ley, el despedir a un trabajador con limitaciones sin la debida autorización por parte del Ministerio de Trabajo, ese despido se torna ineficaz por lo que no producirá efectos jurídicos y como consecuencia de dicha ineficacia es que procede el reintegro; mientras que la indemnización no debe verse como un mecanismo para darle eficacia a la terminación del contrato, sino que debe verse como una sanción al empleador por violentar la protección que cubre a las personas con discapacidad.

De esta forma la indemnización de la que habla el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 debe entenderse como una sanción adicional y el reintegro se da ya que si ese despido nunca tuvo efectos jurídicos, lo más lógico es reincorporar al trabajador, esto en cuanto a que lo único que podrá darle eficacia ese despido será la previa autorización por parte del Inspector de Trabajo, es por esta razón que ambas pretensiones bajo la mirada de la presente ley no son excluyentes, como sí lo son otras indemnizaciones consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo.

Se considera que no son excluyentes, pues la indemnización por sí sola es insuficiente para la protección de la Estabilidad Reforzada que tienen las personas con discapacidad, en cuanto que su carácter es tan solo “sancionatorio y suplementario” es ahí donde recae la importancia de también dar la posibilidad del reintegro para asegurar la protección al trabajo e igualdad que busca esta ley.

¿En qué circunstancias no habrá lugar a acumular las pretensiones de indemnización y de reintegro?
Cuando el ex trabajador demandante solicita la indemnización del artículo 26 y no se logra demostrar que son discapacitados o cuando su empleador logra demostrar el cumplimiento de la ley o el desconocimiento de la discapacidad no habrá lugar a la posibilidad de acumular estas pretensiones, pues ya el trabajador no contará con las exigencias que pide la ley.

Al trabajador no estar en una situación de discapacidad no tiene el amparo de esta ley, y de esta forma al momento de demandar automáticamente el reintegro y la indemnización se vuelven a excluir entre sí mismas, puesto que bajo circunstancias normales la indemnización y el reintegro son pretensiones alternativas y excluyentes, de esta forma si no es bajo el amparo de la ley antes mencionada, no puede haber lugar de forma simultánea a ambas pretensiones.

Referencias

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral). Sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25130. Versión digital disponible en:

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral). Sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25130. Versión digital disponible en: http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 361 de 1997. “Por medio de la cuál se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 427 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-531 de 2000. Expediente D-2600. Magistrado Ponente:  Dr. ALVARO TAFUR GALVIS. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral). Sentencia SL1360-2018, radicada con el 53394. Magistrado Ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Versión digital disponible en: http://www.cortesuprema.gov.co

Pacto de Productividad. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA sobre el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Versión digital disponible en: http://www.pactodeproductividad.com/

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral). Sentencia SL 6389- 2016, radicada con el número 48699. Versión digital disponible en: http://www.cortesuprema.gov.co/  

1Estudiante de Octavo Semeste de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: molano.laura@ces.edu.co. El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por la docente: Ana Lucía Castro Areiza.
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