Daniel Escobar Jiménez1

Forma de citación
Escobar, Daniel. Participación de las víctimas como intervinientes especiales en la negociación y desarrollo de los preacuerdos. En:  ABCES Jurídico. Vol. 2, No. 2. 2019. p. 4-8.

A las víctimas se les reconoce una gran cantidad de derechos, no solo en la Ley 599 del 2000 y 906 del 2004, sino también, en la jurisprudencia penal colombiana. Las disposiciones normativas no han sido suficientes, y es preocupante, que, de manera frecuente, se dé el desconocimiento de los derechos que la jurisprudencia ha otorgado a las víctimas como extensión normativa, no solo por los operadores jurídicos (defensa, fiscalía, Ministerio Público), sino también, incluso abusando de su autoridad, por los jueces penales de este país.

En esta oportunidad, abordaremos de manera especifica, el derecho de las víctimas a participar de un preacuerdo adelantado por la fiscalía y el procesado, ésto, debido a que es un tema bastante sensible, y mal avocado por los jueces, fiscales y defensores en nuestro sistema penal, entorpeciendo incluso, la posibilidad de las víctimas de ser escuchadas en el desarrollo del acuerdo.

¿Qué se entiende por víctima?
Las víctimas en el proceso penal, según la Corte Suprema de Justicia: ¨son todas aquellas personas que logren acreditar la existencia de un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, que legitime su participación en el proceso penal¨. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia STP20462 de 2017)

¿Qué derechos se le deben garantizar a las víctimas en el proceso penal?
En repetidas ocasiones, no solo la Corte Suprema de Justicia, sino también la Corte Constitucional ha manifestado la necesidad de proteger las garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición, derechos éstos que, si bien en ocasiones se hace necesario menguarlos por el desarrollo del proceso penal, son en su núcleo, insuprimibles.

De acuerdo con el Doctor Ricardo Molina López:
tradicionalmente a las víctimas se les ha reconocido un derecho a obtener una reparación; sin embargo, hoy en día, a la par de aquel, también se consideran como derechos de las víctimas el acceso a la verdad y la obtención de justicia por medio de la intervención penal. (2012, p. 388)

En razón a la necesidad autocompositiva de proteger las garantías antes mencionadas, se les reconoce a las víctimas el derecho inviolable de participar de los procesos, como atributos propios de una parte, y bajo la denominación de interviniente especial. 

En este sentido, se les permite el derecho a: a) participar y ser tenida en cuenta en la aplicación del principio de oportunidad en los preacuerdos que se adelanten entre la fiscalía y el procesado (Arts. 325 Inc. 2; 326 Lit g, 327 Inc. 2, 328 y 329 de la Ley 906 del 2004), b) participar en la audiencia de solicitud de preacuerdo (Art 333 inc.3 de la Ley 906 del 2004), c) intervenir en todas las audiencias de juzgamiento (Art 149 de la Ley 906 del 2004), d) participar y solicitar pruebas en la audiencia preparatoria (Art 355 de la Ley 906 del 2004), d) Ser oída e informada por el fiscal y el juez, de los preacuerdos y negociaciones (Art. 348 y 351 de la Ley 906 del 2004); Sentencia C 516 de 2007), e) hacer observaciones al descubrimiento de los elementos probatorios en la audiencia preparatoria, entre muchos otros derechos que a ellas les son reconocidos para lograr el cumplimiento efectivo de sus garantías. . (Art. 356 de la Ley 906 de 2004); (Corte Constitucional, Sentencia C 209 de 2007).

¿Qué se entiende por verdad, justicia, reparación y no repetición como garantías de la víctima?
La verdad es una aproximación a los hechos ocurridos, en el entendido de comprender por qué sucedieron y quienes son los responsables del mismo. En cuanto a la justicia, se refiere a la sanción que efectivamente se imponga por parte de las autoridades ante la existencia del delito y los responsables de los hechos.

Por su parte, la reparación trata de dejar a la víctima en la situación que estaba antes de que ocurrieran los hechos (por lo menos ante un resarcimiento de perjuicios, cuando el hecho punible no puede deshacerse más allá de lo económico), y por última, la garantía de no repetición. Ésta, es el compromiso que adquiere el victimario de no reincidir en la conducta por medio de la cual cometió el delito del que se le acusa.

¿Qué es un preacuerdo y cuál es la finalidad del mismo?
El preacuerdo, es la negociación que se celebra entre la fiscalía y el procesado con la finalidad de evitar el desgaste judicial y llevar a cabo una rápida resolución del debate procesal.

Por un lado, la fiscalía cediendo ciertas prerrogativas (disminución de la pena, mejores condiciones de reclusión, alternativas a la reclusión intramural, entre otras), y por el otro, el procesado aportando al proceso la verdad y con ella, de acuerdo al artículo 348 de la Ley 906 del 2004, descongestionando los despachos judiciales.

¿Representan entonces las garantías de las víctimas un límite a los preacuerdos?
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, estableciendo que los derechos y garantías de las víctimas, si bien van a ser menguadas en el preacuerdo, no pueden ser desconocidos en la negociación e implementación del preacuerdo.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que, aunque la jurisprudencia no ha sido pacífica, el juez puede ejercer un control material sobre el acuerdo, en tanto, la facultad de negociar no es omnímoda y debe respetar el principio de legalidad y las garantías constitucionales de las partes e intervinientes.” (Sentencia SP 13939 de 2014)

Es menester tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en materia de acuerdos y preacuerdos, quien ha deprecado las siguientes conclusiones al respecto:

la existencia de estas figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso; (ii) el fiscal no cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible; (iii) a los hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente; (iv) la intervención de las víctimas en los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia de intereses entre la victima y la Fiscalía, situación que debe ser tenida en cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la victima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa, tiene derecho a ser oída e informada acerca de su celebración; (vii) en la valoración del acuerdo, el juez velará porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la victima; y (viii) en determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de acuerdos o preacuerdos”. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia STP6342 de 2014)

En conclusión, la Corte afirma que, si bien a las víctimas se les reconoce el derecho de participar en la negociación y desarrollo del preacuerdo, estas son solo apreciaciones, más no le es dable votar sobre la aplicación o no del mismo, así entonces, a las víctimas les es dable hablar y explicar sus teorías, apoyar o rechazar el preacuerdo, pero en ningún caso, se les permite a ellas votar (veto) para la configuración o no del mismo.

¿Qué se entiende por poder de veto en el derecho procesal penal?
El poder de veto manifiesta la posibilidad o no que tiene una parte o interviniente de influir de manera directa en una decisión, siendo quien goza de aquel poder, quien puede tornar una decisión favorable o no a los preceptos puestos a su consideración. Es por ello, que al afirmarse que a la victima no se le concede el poder de veto en los preacuerdos, se establece que ésta, si bien puede participar y exponer sus argumentos sobre el preacuerdo que se desarrolla, no se le concede el poder definir o votar en la decisión que determine o no, la aprobación efectiva del preacuerdo.

¿Puede la víctima intervenir en el preacuerdo?
En el entendido de que las víctimas tienen derechos y garantías que dependen, en su protección, de las decisiones tomadas en la negociación del fiscal y el procesado, es bastante necesario la intervención de aquellas en la etapa de negociación para garantizarle sus derechos, siendo estos, sin la intervención de la victima, desprotegidos.

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia manifestó que:
No se observa una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de la victima de la facultad de intervención en los preacuerdos y las negociaciones, como quiera que se trata de actuaciones que se desarrollan en una fase previa al juicio oral, justamente con el propósito de evitar esa etapa mediante una sentencia anticipada que debe ser, en lo posible, satisfactoria para todos los actores involucrados en el conflicto. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP 14496 de 2017)

Debido a lo anterior, la Corte ha concluido que resulta manifiesto que la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de las garantías de las víctimas, y ello significa un incumplimiento a los deberes constitucionales que tiene el legislador en la protección de los derechos y garantías de la víctima, y por ello se torna inconstitucional. Por lo anterior, se establece jurisprudencialmente, que la víctima debe ser oída por el fiscal y por el juez que controla la legalidad del preacuerdo, aunque deja claro que ésta no tiene un poder de veto con respecto a los preacuerdos celebrados entre la fiscalía y el imputado.

La Corte Constitucional ha manifestado que:
la garantía de intervención de la víctima en la fase de negociación no tiene la potencialidad de alterar los rasgos estructurales del sistema adversarial (SIC), ni modifica la calidad de la victima como interviniente especialmente protegido. Con la intervención de la victima en esta fase no se auspicia una acusación privada paralela a la del fiscal, dado que el acuerdo se basa en el consenso, el cual debe ser construido tomando en cuenta el punto de vista de la victima; Por el contrario, la intervención de la víctima provee a la justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia” (Corte Constitucional, Sentencia C-059 de 2010).

De la misma manera, la Corte Constitucional se pronunció mediante comunicado 40 del día 15 y 16 de octubre del 2019 en el que reiteró que:
el poder discrecional de la Fiscalía para suscribir preacuerdos y la autonomía de los jueces para ejercer su control también encuentran un límite en el derecho que tienen las víctimas a participar en el proceso pena. (Corte Constitucional, Comunicado 40 del 15 y 16 de octubre de 2019)

La Corte Constitucional también anotó que:
el objetivo de permitir la participación de la víctima  en  esta  etapa  del  proceso  es  lograr una  mejor aproximación  a  los  hechos,  a  sus  circunstancias  y  a  la  magnitud  del agravio,  que  permita incorporar  en  el  acuerdo,  en  cuanto  sea  posible,  el  interés manifestado  por  la  víctima.  Lo anterior, por cuanto su intervención provee a la justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia. (Comunicado 40 del 15 y 16 de octubre de 2019)

¿Puede votar o decidir la víctima sobre las conclusiones del preacuerdo?
La víctima puede intervenir en la realización del preacuerdo, tiene derecho a ser escuchada, tanto por el fiscal en la etapa de negociación, como por el juez en la evaluación del mismo, el artículo 137 de la ley 906 del 2004  hace referencia a la intervención de las víctimas en la actuación penal, estableciendo que tienen pleno derecho de intervenir en todo el proceso con el fin de darle garantía a los derechos de verdad, justicia y reparación, además, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, hoy, sostienen la postura de la innegable intervención de la victima en los preacuerdos, y, si bien no se les reconoce veto en el preacuerdo, si le asiste el derecho a ser escuchada y, de ser ajustada a derecho su postura, el fiscal, y si este no lo hace, el juez, deberá sanear estos elementos que llevarían a ser completamente ilegal un preacuerdo.

Referencias
Corte Constitucional. Sentencia C-059 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co. (octubre de 2019)

Corte Constitucional. Sentencia C-1260 del 2005. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinoza. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co. (octubre de 2019)

Corte Constitucional. Comunicado 40 del 15 y 16 de octubre de 2019. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co. (octubre de 2019)

Corte Suprema de Justicia. Sentencia STP6342 de 2014. Magistrado Ponente: Eugenio Fernández Carlier. Versión digital disponible en: www.cortesuprema.gov.co › tutelas › babrmay2014 › S. (octubre de 2019)

Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP14496 de 2017. Magistrado Ponente: José Francisco Acuña Vizcaya. Versión digital disponible en: www.cortesuprema.gov.co › relatorias › b1nov2017 › S… (octubre de 2019)

Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP13939 de 2014. Magistrado Ponente: Gustavo Enrique Malo

Fernández. Versión digital disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co. (octubre de 2019)

Corte Suprema de Justicia. Sentencia STP20462 de 2017. MP Fernando Alberto Castro Caballero. Versión digital disponible en:  www.cortesuprema.gov.co › uploads › relatorias › tutelas. (octubre de 2019)

Molina, Ricardo (2012). La Conformidad en el Proceso Penal. Bogotá: Universidad de los Andes.

1 Estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: daniel escobar jimenez daniel.escoby@hotmail.com. El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por el docente: Luis Alberto Arango Vanegas.

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