Kevin Fernando Parra Quintero1

Forma de citación
Parra, Kevin Fernando. Patria potestad, alimentos visitas, crianza y educación. Administración de los bienes y representación legal de los hijos. En:  ABCES Jurídico. Vol. 2, No. 2. 2019. p. 40-47.

Para el año 2018 las cifras y estadísticas arrojadas por el DANE en Colombia una vez realizado el censo Nacional de población y de vivienda, permiten notar que el índice poblacional va en un aumento significativo, siendo Colombia uno de los países que más afectado se ha visto a causa de una de las problemáticas actuales que afronta el mundo, tal y como lo es el crecimiento demográfico.

La entrada masiva de venezolanos y otros extranjeros, un leve incremento en la natalidad en algunas zonas y el aumento en la esperanza de vida pusieron al país, antes de lo previsto, cerca de los 50 millones de habitantes.

Conforme a lo anterior, se desarrollará un análisis acerca de una problemática en concreto, LA PATRIA POTESTAD, figura que detentan los padres frente a los hijos no emancipados, sin olvidar que los niños gozan de una especial protección por parte de la ley, constitución política, y multiplicidad de tratados y convenios ratificados tal y como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya aprobación y ratificación se dio el 20 de noviembre de 1989.

¿Qué normativa regula lo concerniente a la patria potestad?
La Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 44, enuncia cuáles son los derechos fundamentales de los niños y estipula que: la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos, para garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Así mismo contempla que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Por su parte, el artículo 8 del Código de la infancia y la Adolescencia, define el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes como: “(…) el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.

En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-287 de 2018, ha reiterado que:

Todas las actuaciones que realicen las autoridades públicas en las que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes deben estar orientadas por el principio del interés superior.

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional acerca del interés superior del menor?
La Corte Constitucional en Sentencia T-510 de 2003, ha afirmado lo siguiente en relación con el interés superior del menor:

El interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que, en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.

En la misma providencia se sostuvo que:

El interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas:

En primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir; debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas.

En segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos, encargados de protegerlo.

En tercer lugar; se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de interés en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio.

Por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor.

En consonancia con lo anterior, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación.

¿Cómo está regulada la patria potestad en Colombia?
Conforme al Código Civil de Colombia en el artículo 288 de la Ley 84 de 1873, la patria potestad: “es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”.

Frente al tema de la patria potestad, la Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-1003 de 2007 manifestó:

En armonía con la citada disposición, esta corporación ha considerado que la patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos.

De lo anterior encontramos que se deprenden derechos tales como: permiso para salir del país, representación del menor, etc.; y sobre sus bienes: usufructo legal y administración del patrimonio.

En efecto, la patria potestad hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo”

Por consiguiente, la patria potestad obedece a las siguientes características:

Se aplica excesivamente como un régimen de protección a hijos menores no emancipados.

Es obligatoria e irrenunciable pues los padres tienen la patria potestad, salvo que la ley los prive de ella o los excluya de su ejercicio.

Es personal e intransmisible porque son los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio.

Es indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo permita.

Constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres.

La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre.

Ahora bien, respecto a los derechos que otorga la patria potestad a los padres del menor de edad en Sentencia C-145 de 2010, la Corte Constitucional de Colombia indicó que estos se reducen al:

Usufructo de los bienes del hijo.

Administración de esos bienes.

Representación judicial y extrajudicial del hijo. En relación con el derecho de representación, la legislación establece que el mismo es de dos clases: extrajudicial y judicial, que no será sólo ante los jueces, sino también ante cualquier autoridad o particular en que deba participar o intervenir el hijo de familia, ya sea como titular de derechos o como sujeto a quien se le imputan responsabilidades u obligaciones.

En cuanto a los derechos de administración y usufructo, éstos se armonizan con el de representación, y se concretan en la facultad reconocida a los padres para ordenar, disponer y organizar, de acuerdo con la ley; el patrimonio económico del hijo de familia y lograr de él los mejores rendimientos posibles, constituyéndose, el usufructo, en uno de los medios con que cuentan para atender sus obligaciones de crianza, descartándose su utilización en beneficio exclusivo de los padres. En relación con los derechos sobre la persona de su hijo, que se derivan de la patria potestad, se relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección, materializado en acciones dirigidas al cuidado, la crianza, la formación, la educación, la asistencia y la ayuda del menor, aspectos que a su vez constituyen derechos fundamentales de éste.

El Código Civil de Colombia en su artículo 823 define el concepto de usufructo como:

Un derecho real, que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible.

Ahora pues, por norma general y a menos que se estipule otra cosa, el padre y la madre gozan por partes iguales de la patria potestad y por consiguiente del usufructo legal de todos los bienes del hijo de familia, excepto en tres casos:

Bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria personal.

Bienes recibidos por el hijo a título de donación, herencias o legados cuando el donante o testador haya dispuesto expresamente que el usufructo corresponda al hijo y no a los padres.

Bienes que haya pasado por herencia o legado al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de los padres.

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 187 de 1975, se dice que: “las rentas originadas en el usufructo legal de los padres de familia sobre bienes de los hijos se gravarán en cabeza de quien ejerza la patria potestad, igual tratamiento se aplicará respecto de las ganancias ocasionales”.

¿Qué otros derechos y obligaciones se derivan del ejercicio de la patria potestad?
Resulta pertinente mencionar que, de la patria potestad se derivan otros derechos adicionales hacía con el menor, tales como: custodia, cuidado personal, visitas y el derecho de alimentos.

El derecho de custodia y cuidado personal derivado de la patria potestad, es además un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes y goza de una especial protección a nivel supranacional, constitucional y legal, es así que la Convención Americana de los Derechos del Niño lo establece en sus artículos 7 y 9, La Constitución Política de Colombia lo consagra en su artículo 44 y el Código de Infancia y Adolescencia lo garantiza y desarrolla en su artículo 23.

¿Qué es la custodia?
La custodia se refiere al cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes, que por ley les corresponde a los padres. En caso de hijos extramatrimoniales la tiene el padre que conviva con el menor de edad. En casos de divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos o suspensión de la patria potestad, el juez tiene la facultad de confiar el cuidado de los hijos (as) a uno de los padres, o al pariente más próximo, según le convenga al niño o a la niña.

Sobre este derecho y obligación de los padres, el Código Civil de Colombia en artículo 253, establece que:

Crianza y educación de los hijos. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.

Y sobre el ejercicio por parte de personas diferentes a los padres, el artículo 254 del mismo Código Civil, señala:

Cuidado de los hijos por terceros. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes”.

Estos derechos de custodia y visitas pueden regularse por los padres a través de conciliación o por autoridad administrativa o judicial con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en caso de evidenciarse una inobservancia, amenaza o vulneración de los mismos.

Sobre los conceptos de custodia y visitas y la facultad para regularlas, la Corte Constitucional en Sentencia T-078 de 2016, ha señalado:

Ante la circunstancia de la separación, el niño debe proseguir su vida viviendo con uno de sus padres, a quien le corresponde la custodia y cuidado personal, pero sin perder el contacto y los vínculos con el padre con el cual ya no va a convivir diariamente, a quien tiene el derecho a ver con frecuencia y es que la finalidad principal de la custodia y cuidado personal. Tal y como se precisa en la Sentencia de la Corte Constitucional T-557 de 2011, la custodia y cuidado se resume en:

Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión’’, pues la custodia y cuidado personal implican una responsabilidad permanente en el tiempo para el padre que convive diariamente con el niño.

A su vez, la finalidad principal del régimen de visitas, como se advierte en la Sentencia de la Corte Constitucional No. T-500 de 1993, que cita la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de octubre de 1984, es:

El mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relación no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo.

La corte ha señalado que:

El padre visitador tiene facultad de entablar y mantener; sin obstáculos, relaciones interpersonales y de contacto directo con sus hijos. A través del derecho de visitas y su reglamentación por la autoridad de Familia correspondiente, el legislador, de un lado, previó un mecanismo que le permite al menor interactuar y seguir desarrollando relaciones afectivas con sus padres, así como recibir de éstos el cuidado y protección especial que demanda.

¿Qué es el derecho/obligación de alimentos y qué elementos lo componen?
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, 1991 en su artículo 44:

Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”

El derecho de alimentos se deriva del vínculo familiar y éste es una obligación que tiene fundamento en el principio de la solidaridad, con la premisa que el alimentario no está en la capacidad de asegurarse propia subsistencia.

Respecto del derecho a alimentos, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en sentencias tales como: la C-156 de 2003, la C-1033 de 2002, la C-919 de 2002, que este derecho:

Es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria está entonces en cabeza de la persona que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor del alimento.

Conforme a lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que el fundamento constitucional del derecho a los alimentos, es el interés superior del niño, la protección especial de la familia en el ordenamiento jurídico, así como los principios de solidaridad y de equidad.

¿Que debe tenerse en cuenta a la hora de querer reclamar alimentos?
Así que, quien busque reclamar alimentos deberá:

Fundamentar su solicitud en una norma legal que le dé este derecho;

Carecer de bienes y requerir los alimentos que solicita;

Que la persona a quien se solicite los alimentos tenga efectivamente los medios económicos para darlos (proporcionalidad). En los procesos judiciales, será necesario demostrar el parentesco o la calidad de acreedor del derecho de alimentos y probar que no se dispone de bienes suficientes para subsistir.

Conforme al artículo 422 del Código Civil Colombiano, la obligación alimentaria subsiste durante toda la vida del alimentario, si continúan las circunstancias que legitimaron la demanda. Esto con excepción de los mayores de 18 años a menos de que tengan algún impedimento corporal o mental, o que se hallen inhabilitados para subsistir de su trabajo. Asimismo, y de acuerdo con el artículo 132 del Código de Infancia y Adolescencia, esta obligación cesa cuando el niño o la niña son entregados en adopción.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC10829-2017,  ha reconocido que la obligación alimentaria tiene las siguientes características

La obligación alimentaria no es una que difiera de las demás de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho.

Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligación alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios.

El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales:i) la necesidad del beneficiario y

ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.

La obligación de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por cuanto el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales; lo anterior se encuentra consagrado desde el artículo 411 al 427 del Código Civil Colombiano.

Del análisis anterior, y en virtud del principio de congruencia, podemos colegir que, en todo ámbito, sea Nacional o Internacional, los Derechos de los niños priman por encima de los demás, y se les debe garantizar a toda costa, la protección y garantía de los mismos.

Referencias
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1098 de 2006. “Por medio de la cual se expide el código de infancia y adolescencia”. Versión digital disponible en: https://www.oas.org/ dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf. (octubre de 2019)

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Clara Inés Vargas Hernández. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.

co/relatoria/2007/c-1003-07.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 1033 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-1033-02.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 145 de 2010. Magistrado Ponente:

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República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 408 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ relatoria/1995/t-408-95.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 2018. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ relatoria/2018/T-287-18.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-500 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-500-93.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003. Magistrado Ponente:

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República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 1998. Magistrado Ponente:

José Gregorio Hernández Galindo. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1998/T-514-98.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-557 de 2011. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ relatoria/2011/T-557-11.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-979 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-979-01.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Decreto 2737 de 1989. “Por medio del cuál se expide el código del menor”. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_menor.htm. (octubre de 2019)

República de Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 187 de 1975. Versión digital disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/. (octubre de 2019)

1Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: Feraske@gmail.com.  El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por la docente: Sandra Janeth Tamayo Múnera
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