Maria Alejandra Hurtado Ortiz1

El derecho de alimentos es aquel que tiene una persona para reclamar a quien tiene una obligación legal por un vínculo familiar que existe entre ellos, lo necesario para su subsistencia; es aquel deber que tiene que cumplir una persona la cual está obligada por la ley a suministrar de manera adecuada lo que la persona con la que tiene este deber requiere para su supervivencia y desarrollo personal cuando esta no se encuentra en capacidad de proveerse por sus propios medios, cuando se trata de niños este derecho se convierte en un derecho fundamental y por esto tiene una protección preválete.

Este derecho es irrenunciable e intransferible, tiene prioridad sobre cualquier otra obligación como deudas o créditos que tenga la persona que está obligada suministrarlos.

El código de infancia y adolescencia en su artículo 24 define los alimentos como:

“(…) todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”.

Al ser esta una obligación de orden constitucional se debe asegurar el cumplimento de la misma tanto de las autoridades públicas como de los particulares, porque de esta pretensión depende las condiciones de vida digna del menor de edad.

¿Qué mecanismos o medios se tiene para la protección del derecho de alimentos en los menores de edad?
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se encuentran instrumentos legales los cuales tienen como objetivo la garantía del derecho de alimentos y además contiene sanciones por su incumpliendo, estos son:

  • El proceso ejecutivo de alimentos, dentro de la jurisdicción civil, el cual se encuentra regulado el artículo 397 del código general del proceso
  • El delito de inasistencia alimentaria, dentro de la jurisdicción, penal el cual se encuentra regulado el artículo 233 del Código Penal.

¿Qué es el proceso ejecutivo de alimentos?
Cuando la obligación alimentaria respecto del niño es clara, expresa y actualmente exigible, es decir, cuando se tiene un título ejecutivo, bien sea porque dicha obligación este contenida en un acta de conciliación suscrita ante autoridad competente o porque la fijación de la cuota alimentaria ha sido decretada por vía judicial, y esa sea incumplida, se podrá adelantar a través de demanda el proceso ejecutivo de alimentos, ante un juez de familia; por medio de este se podrá exigir el pago de las cuotas de alimentos atrasadas y las que en un futuro se puedan causar, en este tipo de procesos, el único medio de defensa que pueden usar los demandados es el pago de la obligación, aspecto que daría por terminado el proceso, es importante mencionar que se tendrá en cuenta también la capacidad económica de aquel que no ha cumplido con su obligación para determinar si es posible o no exigir lo pretendido.

¿Qué se necesita para promover el proceso ejecutivo de alimentos?
Existen unos requisitos que son necesarios para habilitar la posibilidad de promover el proceso, estos son:

1. “Elevar la solicitud verbal o escrita ante el Defensor de Familia y 2. Contar con los datos de ubicación del demandado.

Además de unos necesarios los cuales son:

1. Cédula de Ciudadanía de los responsables del menor.

2. Copia del acta de la audiencia de conciliación autenticada, indicando que es primera copia y presta merito ejecutivo o de sentencia judicial en la cual se fijó la cuota alimentaría.

3. Registro Civil de Nacimiento del menor.

4. Constancia de la deuda mes por mes y año por año suscrita por el demandante.

5. Nombre del demandante y el demandado, indicando la dirección, teléfono y barrio”

¿Qué es la inasistencia alimentaria?
La inasistencia alimentaria es un delito consagrado en el artículo 233 del Código Penal el cual dispone:

El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece puntos treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete puntos cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.

Tal como lo establece la norma, la inasistencia alimentaria se configura cuando quien tiene la obligación de proporcionar alimentos no lo hace y además no tiene una justa causa para ello.

La configuración del delito no requiere de la fijación previa de una cuota de alimentos mediante sentencia judicial o acta de acuerdo.

En la doctrina colombiana se ha aceptado de manera general que para que el mismo se configure es necesario:

verificar la existencia de la obligación (que depende a su vez de que haya un parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción), su exigibilidad (derivada de la posibilidad del deudor de proporcionar alimentos) y la inexistencia de una justa causa que hubiera llevado al incumplimiento de la obligación”. (Bernal y Larrota, 2012)

Cuando la obligación se haya incumplido sin justa causa se podrá promover un proceso ordinario penal.

No incurrirá en este delito quien queriendo cumplir con su obligación no lo hace por circunstancias ajenas a su voluntad, a modo de ejemplo, esta situación se da cuando la persona se encuentra desempleada y no cuenta con ningún otro ingreso o bienes que le permitan cumplir o respaldar el pago.

Al padre condenado que no presente antecedentes judiciales puede beneficiarse con la suspensión condicional de la ejecución de la pena para permitirle trabajar y obtener un ingreso que le permita cumplir con su obligación de prestar alimentos, siempre y cuando haya indemnizado al o a los hijos que sean víctimas del delito.

¿Cómo iniciar un proceso penal por el delito de inasistencia alimentaria?
El inicio del proceso penal por el delito de Inasistencia Alimentaria se dará medio de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La consecuencia del proceso penal, como lo establece el artículo 233 del código penal, es una sentencia condenatoria con imposición de penas de prisión y multa cuantificado por el Juez Penal, la cual va de 32 a 72 meses de prisión y multa de veinte (20) a treinta y siete y medio (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.

Existen entonces en Colombia dos formas de proteger el derecho de alimentos de los niños y niñas, estos son: el proceso ejecutivo de alimentos y el proceso penal por inasistencia alimentaria los cuales se encuentran en diferentes jurisdicciones, no obstante, ambos procesos tienen en común la finalidad de salvaguardar este derecho y lograr el bienestar de los menores de edad los cuales son sujetos de especial protección en nuestro ordenamiento jurídico.

Referencias
Maria Luisa Rodríguez. Asesor Jurídico. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de San Buenaventura – Cartagena (08 junio de 2016). El Universal. demanda ejecutiva de alimentos. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 599 de 2000. “Por medio de la cual se expide el Código Penal en Colombia”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co (octubre de 2018)

Bernal, Carolina y Larrota, Emilio. El delito de inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de su conveniencia. Versión digital disponible en: https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_260.pdf (octubre de 2018)

* El presente ABCES fue elaborado con la asesoría de los docentes Viviana Cecilia Vásquez Carvajal y Luis Alberto Arango Vanegas.
1. Estudiante de Décimo Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: hurtadoo.maria@uces.edu.co.

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